La Procuraduría General de la Nación se pronunció frente a la aprobación de la reforma a la Ley de Orden Público, efectuada el miércoles por un acuerdo de los partidos políticos, incluyendo a la oposición. 

En un comunicado de 4 puntos, el Ministerio Público "lamentó" la creación de las zonas de concentración de guerrilleros armados "en territorios donde habita la población civil". 

"Eso pone en manos de responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra a las víctimas, los campesinos, trabajadores, indígenas, afrodescendientes y en general a las personas que viven en dichas regiones, muchas de ellas que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad", señaló la Procuraduría.

El Ministerio Público manifestó que espera que la Corte Constitucional "pueda corregir las graves falencias de la ley, con el fin de proteger a la población civil y no afectar la lucha contra la criminalidad organizada, ni la seguridad nacional".

"Las autoridades municipales tampoco pueden ser desconocidas en una decisión que compromete los derechos de las personas que conforman las comunidades que representan", agregó.